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Nota de Prensa: UN JUZGADO ADMINISTRATIVO DE MURCIA ANULA UNA MULTA DE 10.401 EUROS POR TENENCIA DE CANNABIS

Nota de Prensa: UN JUZGADO ADMINISTRATIVO DE MURCIA ANULA UNA MULTA DE 10.401 EUROS POR TENENCIA DE CANNABIS

UNA SENTENCIA DE UN JUZGADO ADMINISTRATIVO DE MURCIA ANULA UNA MULTA DE 10.401 EUROS POR TENENCIA DE CANNABIS Y SIENTA UN PRECEDENTE: LOS AYUNTAMIENTOS EN GENERAL NO TIENEN COMPETENCIA PARA SANCIONAR ESTAS CONDUCTAS. LOS AFECTADOS PODRÁN PEDIR LA REVOCACIÓN DE MILES DE SANCIONES.

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia ha estimado la demanda interpuesta por un ciudadano que ha sido defendido por el abogado Francisco Azorín Ortega del Estudio Jurídico Brotsanbert, acogiéndose al primer motivo planteado en su escrito, en donde se alegaba que el Ayuntamiento de Yecla no tenía competencia para imponer este tipo de sanciones.

En Septiembre del año 2019 se denunció por parte de diferentes colectivos por la defensa de los derechos humanos, de cambios en las actuales políticas de drogas y por asociaciones expertas en el tratamiento de las adicciones, que por parte del Ayuntamiento de Yecla se estaban imponiendo de forma indiscriminada sanciones de 10.401 euros por la tenencia de una pequeñísima cantidad de cannabis incautada en el bolso o bolsillo. Todo esto por la aplicación de la reincidencia contemplada en el art. 33 de la  Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza.

A pesar de que esta Ley es famosa por limitar el derecho de manifestación y sancionar las faltas de respeto a los agentes de la autoridad, en el estudio elaborado por el Estudio Jurídico Brotsanbert, se contemplan los datos estadísticos que explican que más del 70% de las sanciones impuestas por esta Ley, son consecuencia de la tenencia de droga para el autoconsumo.

Como bien dice la sentencia, el abogado también alegó que estas sanciones vulneraban el Derecho de la Unión Europea al contravenir lo dispuesto por la Decisión Marco 2004/75/JAI del Consejo relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas y que en su art. 2.2 prohíbe sancionar a los autores que han actuado exclusivamente con fines de consumo personal tal como lo defina la legislación nacional. Así mismo, también se planteo una cuestión de inconstitucionalidad para el caso de que el Juez entendiera que la Ley no es proporcional y decidiera plantear esto al Tribunal Constitucional.

A pesar de esta y de las demás alegaciones planteadas (falta de proporcionalidad de la sanción, vulneración del derecho de defensa, deficiencias en las técnicas de análisis de la sustancia, vulneración del derecho a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, etc.) El Juzgado no ha entrado a valorar todas estas cuestiones, acogiéndose al primer motivo planteado que exponía la falta de competencia de este Ayuntamiento para imponer este tipo de sanciones y en consecuencia ha anulado el acto administrativo que imponía esta draconiana sanción, sin entrar a valorar las demás cuestiones planteadas y por lo tanto entrar en el fondo del asunto.

CONSECUENCIAS DE ESTA SENTENCIA JUDICIAL.

La consecuencia de este pronunciamiento judicial no solo influye en el caso concreto, sino que sirve para revocar todas las sanciones por tenencia o consumo de drogas impuestas por la mayoría de los ayuntamientos de España.

Desde la entrada en vigor de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, son muchos los ayuntamientos que sancionan la tenencia y consumo de estupefacientes. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen competencia en la materia tal como exige esta Ley. Competencia que quedaba más clara en la anterior Ley de Seguridad Ciudadana (Corcuera).

Por lo tanto, todos los sancionados que lo soliciten podrán acogerse al procedimiento de revocación de actos nulos de pleno derecho, siempre que lo hagan antes de los cuatro años posteriores a la firmeza de la sanción.

MODIFICACIÓN URGENTE DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

A pesar de la satisfacción por la sentencia, queremos mandar un mensaje claro al legislador: es necesaria y urgente la modificación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para que en el estado español no se realicen cacheos, registros e identificaciones ilegales, simplemente por el hecho de “aparentar fumar porros”. Los datos estadísticos expresados en el estudio son claros. La recaudación por la Administración Pública es muy importante. Según el Informe Drogas 2019, España es el país europeo que más sanciones administrativas por tenencia de drogas impone. Y, como se alega en la demanda, esto no solo vulnera nuestra Constitución, sino también la Decisión Marco 2004/75/JAI de la UE y todos los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos que protegen la libertad, la dignidad, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, por encima de la potencial inseguridad que podría causar la tenencia de una mínima cantidad de droga para el autoconsumo.

En consecuencia, se solicita la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para que estas personas usuarias de drogas no vean atacada su dignidad y libertad individual cada vez que caminen tranquilamente por la calle. Para que no tengan que hacer frente a multas de 601 euros en la mayoría de los casos o 10.401 en casos de reincidencia cada vez que la Policía los registra y les encuentra una mínima cantidad de sustancia estupefaciente. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas son identificadas por su manera de vestir o de peinarse, por ser de una determinada raza o étnia o por ser conocidos de la Policía. Muchas de estas personas son sancionadas hasta tres veces el mismo año. Por lo tanto, este tipo de sanciones hacen tiritar a familias a las que les cuesta llegar a fin de mes. Y esto, ya sea la sanción de 601 euros (720 con apremio de Hacienda) o de 10.401 euros. Una persona en Yecla ha llegado a ser sancionada cuatro veces con una multa de 10.401 euros y muchas más por sanciones de 601 euros.

MÁS DE 100 FAMILIAS AFECTADAS.

En septiembre de 2019, a raíz de la denuncia pública de estos colectivos, se informó en una Comisión de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Yecla, que se habían impuesto un total de 61 sanciones por tenencia de cannabis por la cantidad de 10.401 euros. A pesar del escándalo y de reconocer que la competencia que ostentaban era más que dudosa, este Ayuntamiento siguió imponiendo este tipo de sanciones desproporcionadas. A fecha de hoy se habrán impuesto unas 100 sanciones de estas características. Existen personas que han sufrido ataques de ansiedad y han pasado más de dos años con un trastorno ansioso depresivo, al saber que tenían más de 10.000 euros embargados. Algunas de ellas acumulan hasta 45.000 euros por sanciones, que aparecen como derechos adquiridos en la Tesorería de este Ayuntamiento. Los daños morales de algunas de estas personas no son fácilmente evaluables.

Solo pedimos que por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla se revoquen las sanciones, se pida perdón publicamente y se resarza a las familias de los daños y perjuicios ocasionados por la imposición de sanciones desproporcionadas por hechos que solo afectan a la salud de las personas que los realizan. Más si cabe cuando lo han hecho sin ostentar competencia en la materia.

 

COMO PROCEDER CON LA REVOCACIÓN DE LAS SANCIONES.

Los afectados por sanciones por tenencia o consumo de drogas impuestas por Ayuntamientos de Murcia en particular y de toda España en general, pueden solicitar la revocación de actos administrativos nulos de pleno derecho en los cuatro años posteriores a la firmeza de la sanción.

Para más información, dejamos dos teléfonos de contacto.

 

Francisco Azorín Ortega: 660013613 y 610444770.

email: notificacionesazorín@gmail.com o fran@brotsanbert.com

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