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A la mesa del congreso de los diputados.

Congreso de los diputados

A la mesa del congreso de los diputados.

El Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA, a instancia de la diputada teresa jordà i roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el Estado español para su debate en la Comisión de Mixta para el estudio del problema de las Drogas.

Congreso de los Diputados, marzo 2016

 

Teresa Jordà i Roura – Diputada – Esquerra Republicana                                               

Joan Tardà i Coma – Portavoz GP – Esquerra Republicana

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El control legal sobre las drogas ha sido una constante durante todo el siglo XX. El Estado español, junto con otros estados, firmó en 1912 en La Haya la Convención Internacional del Opio, el primer tratado internacional sobre el control de drogas. En el Estado español ya 1928 se empezaron a establecer sanciones administrativas para aquellas farmacias que vendieran sustancias estupefacientes al margen de criterios médicos. Posteriormente, la llamada Ley de Vagos y Maleantes sancionaba aquellas conductas públicas que resultaban socialmente inaceptables llegando a poder encarcelar a cualquier sospechoso, no de cometer un delito, sino de poder llegar a cometerlo en lo referente al consumo de drogas Tales acciones legislativas contribuyeron a la creación de estigmas sociales y culturales en contra de las drogas, aun cuando su uso era, lejos de recreacional, terapéutico.

Los diferentes Códigos Penales, desde el franquismo hasta la democracia, han ido definiendo las penas de prisión para traficantes que han ido fluctuando entre la mayor y menor represión en función de los momentos en que las relaciones “droga-delincuencia” se consideraban un estigma o una realidad. Sin embargo, en ningún momento la tenencia para el uso personal ha sido contemplada en el Código Penal o castigada penalmente.

Es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, que empieza a fijar sanciones administrativas por tenencia y/o consumo de drogas en lugares públicos. Es en base a este recorte de libertades en materia de consumo y tendencia de drogas que las personas consumidoras de cannabis se empiezan a organizar y agrupar en grupos de autoconsumo y consumo compartido, siendo el inicio del que hoy en día se denomina modelo cannábico español. Un modelo sustentado por la sociedad civil, organizada en torno a los clubes cannábicos, y que ha sido considerado como un modelo de referencia a nivel internacional a la hora de abordar el consumo regulado y responsable de esta sustancia.

Un modelo, sin embargo, que ha sido judicialmente puesto en duda después de la Sentencia 484/5015 del Tribunal Supremo, del llamado Caso Ebers. Dicho caso se remonta a una intervención policial en Bilbao en noviembre de 2011 en la que se interceptaron diversas personas en los alrededores del local de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo EBERS (en adelante EBERS). Las personas detenidas resultaron ser asociadas de EBERS y habían obtenido la sustancia en su condición de miembros de dicha asociación de autoconsumo. Cabe resaltar que EBERS era una entidad legalmente constituida el año 2010, inscrita en el registro de entidades jurídicas sin ánimo de lucro del Gobierno de Euskadi y tenía como objeto social, de acuerdo con sus estatutos, la “construcción de un proyecto colectivo de uso compartido del cannabis entre personas asociadas, eliminando cualquier riesgo de la difusión de la sustancia a terceras personas no integradas en la asociación”.

La sentencia del Caso Ebers, a la que le siguieron la del caso Three Monkeys (Sentencia 596/2015 del Tribunal Supremo) y Pannagh (Sentencia 834/2015 del Tribunal Supremo) en la misma línea, constituye pues un grave precedente en lo que supone la judicialización y criminalización del modelo cannábico español, puesto que el Ministerio Fiscal acusó, no solo de delitos contra la salud pública, sino también por asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal. Tanto Pannagh como el club cannábico Three Monkeys eran entidades legalmente constituidas, inscritas en los correspondientes registros de asociaciones y formadas exclusivamente por personas adultas y consumidoras de cannabis; igual que EBERS, dándose la circunstancia añadida de que Pannagh es una de las asociaciones cuyos representantes han comparecido ante la Comisión Mixta para el estudio del problema de las Drogas, y ante otros órganos legislativos para reclamar que se regulen sus actividades. Lo cual supone un carpetazo al actual modelo para pasar a un modelo de represión y judicialización del asociacionismo organizado en torno al consumo de cannabis.

En marzo de 2012, el Pleno del municipio de Rasquera (la Ribera d’Ebre) aprobó un contrato con la Associació Barcelonesa Cannàbica d’Autoconsum para situar una plantación de cannabis que hubiese supuesto unos ingresos de 1,3 millones de euros y 40 puestos de trabajo. La decisión del pleno fue ratificada en una consulta popular celebrada en el municipio el 11 de abril de 2012. Finalmente, el juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Tarragona ha anulado los acuerdos aprobados por el pleno municipal. La sentencia argumentaba que el plan carecía de un verdadero interés público y, por tanto, el consistorio no tiene competencias para impulsarlo

Así pues, el caso de Rasquera, en 2012, supuso el inicio de diferentes iniciativas o a nivel de comunidad autónoma, como la ordenanza municipal de Donostia sobre asociaciones cannábicas, la Iniciativa legislativa Popular de Navarra sobre las asociaciones cannábicas (la primera ILP que ha prosperado en dicha comunidad) y que dio lugar a la Ley Foral 24/2014, Reguladora de los Colectivos de Usuarios de Cannabis. O la resolución parlamentaria del Parlamento de Catalunya sobre las asociaciones cannábicas (Resolución SLT/32/2015. Publicado al DOGC, no 6799 – 29.15.2015) que buscaban dar respuesta al flagrante desequilibrio entre la realidad social y el marco normativo y que han sido sistemáticamente rechazadas y denunciadas ante las instancias judiciales por el Gobierno. A día de hoy, siguen en proceso iniciativas propuestas por la sociedad civil en busca de soluciones y encajes legales, propuestas por la sociedad civil, como la ILP de la Rosa Verde en Catalunya o la creación de una ponencia de estudio para regular el uso terapéutico y la regulación de los Clubes Sociales de Cannabis en el Parlamento de las Islas Baleares.

Así pues, son los niveles de administración más cercanos a los ciudadanos los que, una vez más, están demandando con urgencia mecanismos para ordenar una realidad impulsada por la sociedad civil, a base de activismo social vinculado a la lucha por los derechos y libertades básicas. Una situación que contrasta con la actuación en dirección opuesta al reconocimiento y regulación de dichas asociaciones por parte del Fiscalía General del Estado, que en su instrucción 2/2013 sobre algunas cuestiones relativas a asociaciones promotoras del consumo de cannabis, da instrucciones de perseguir las asociaciones cannábicas legalmente constituidas cuyos fines sociales son lícitos, una actuación que cuestiona el derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución Española.

A nivel internacional, en EEUU, más de 20 estados han regulado el acceso a la marihuana medicinal, 5 también a la marihuana recreativa. En noviembre una decena más de estados someterán a referéndum la legalización total de la marihuana. Uruguay también reguló integralmente el mercado de la marihuana en 2012. Así mismo, el primer ministro de Canadá anunció en su campaña electoral que regularía el mercado del cannabis durante su primer año de mandato, será el primer país del G-7 que lo haga. 

Según el informe “Los 5 pilares para la regulación integral del cannabis” elaborado por la Plataforma Regulación Responsable, en base a los datos del Plan Nacional Sobre Drogas, se estima que en 2013, en el Estado español, más de 2 millones de personas consumieron cannabis al menos una vez en el último mes y más de 600.000 lo hicieron cada día. Asimismo, las estadísticas apuntan que alrededor de 10 millones de personas en el Estado han fumado alguna vez cannabis a lo largo de su vida.

Ante tal normalización social es necesario que el consumo de cannabis tenga también una normalización legal y legislativa, haciendo que el autoconsumo, el auto cultivo, los clubes sociales de cannabis, el comercio con licencia,  la educación para el consumo responsable y el acceso terapéutico sean los pilares fundamentales para la regulación responsable e integral del cannabis. Asumiendo que este será un primer paso de muchos en la dirección de un cambio de paradigma basado en los derechos humanos y la salud pública de todas las personas. 

Por todo ello se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los diputados insta el Gobierno español a:

1-    Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis en el estado español.

2-    Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para la regulación del comercio del cannabis, con una regulación jurídica específica, respetando en cualquier caso las competencias de las Comunidades Autónomas sobre salud pública y comercio.

3-    Instar al Ministerio Fiscal para que deje sin efecto la instrucción 2/2013 sobre algunas cuestiones relativas a asociaciones promotoras del consumo de cannabis cuyo objetivo es perseguir las asociaciones cannábicas legalmente constituidas cuyos fines sociales son lícitos. 

4-    Interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a revisar las condenas por las sentencias del Tribunal Supremo nº 484/2015, 596/2015 y 834/2015, en los juicios de los casos Ebers, Three Monkeys y Pannagh.

Despacho Brostanbert
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